El Colegio de
Abogados de Honduras, según su ley es una institución de naturaleza gremial,
que nace al amparo de la Constitución de la Republica y de la Ley de
Colegiación Obligatoria.
Tiene como fines
esenciales regular el ejercicio de la profesión del derecho en toda la
republica, y proteger la libertad del ejercicio profesional de los colegiados.
En suma estos dos aspectos
son el nervio motor o la concepción real de la creación del Colegio de
Abogados, sus Juntas Directivas deberían accionar frente a la sociedad y el
estado, para garantizar el engrandecimiento de quienes lo conforman, en
especial por estar implícito que los abogados somos personas humanas, fin
supremo de todos y del estado.
Frente a este planteamiento
ideal, me nace una interrogante:
¿Qué tan enaltecida o protegida se encuentra la profesión
del derecho en Honduras?
En los últimos 5
años más de ochenta abogados asesinados, donde el 98% de estos casos se encuentra en
completa impunidad.-
Más de 10,000
colegas ejercen informalmente su profesión, no existe un estatuto profesional,
sin cobertura médica, acceso a la vivienda o al crédito adecuado y la falta de
un proyecto de formación continua, reflejan un panorama triste de la abogacía
hondureña.
Si hablo de un
sistema digno de jubilación, se necesitan 30 años de ejercicio profesional, 65
años de edad para obtener una miserable suma mensual del Fondo de Pensiones,
totalmente esquilmado y derrochado, impunemente sin castigo para nadie.
En este hilo de
cosas, es necesario seguirnos preguntando:
¿Por qué existe tanta muerte de profesionales del
derecho? ¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados de Honduras?
Nadie duda que
Honduras es una sociedad potencialmente delincuencial con instituciones
democráticas destruidas y con poca
credibilidad.
Sociedad
delincuencial que en todas sus formas está organizada, así como la restante
población que admite y esta propensa al delito o ilegalidades como forma de
convivencia porque se ha perdido todo sinónimo de autoridad idónea y correcta
que nos da como resultado una etapa de salvajismo y de barbarie en nuestra
convivencia social donde todos se toman justicia por su propia mano.
Esta actividad delincuencial
se ha entronizado en el débil “Estado de Derecho Hondureño”,
deteriorado a ultranza, en el proceso democrático ya que no satisface el bien
público temporal de sus ciudadanos por la galopante corrupción y con un
rompimiento democrático que sostiene al Estado bajo una “FACHADA DE PODERES”, controlados por las elites políticas y
económicas del país y por un sector de la delincuencia organizada.
A esto hay que
sumarle; la desigualdad económica con profundos problemas sociales, conceptos
culturales desarraigados de la identidad nacional, que son caldo de cultivo
para la potenciación de la delincuencia que hoy vivimos para y con el Estado.
Llegando en la
actualidad a su máximo nivel de encontrarse dos fuerzas encontradas, como ser:
La sociedad delincuencial y el débil Estado de Derecho, sustituido por el Estado
de Policía en que vivimos, que no provee ninguna garantía a los ciudadanos de
la Republica en ni siquiera los derechos constitucionales mínimos.
Ante esta
confrontación, el gremio de profesionales del derecho, se encuentra atrapado
entre dos paredes como si de un sándwich se tratara. – El delincuente, la víctima,
el acusador, el defensor, el investigador, y el juzgador son abogados, en un
sistema aprisionado por esa sociedad delincuencial en un Estado de Derecho sin
garantías, recurriendo a la etapa de salvajismo de remediar los conflictos con
violencia frente al grupo más vulnerable que son “Los profesionales del derecho”.
El Colegio de
Abogados de Honduras, entre el derroche y la apatía, secuestrado por camarias
que obedecen a la oligarquía política, económica nacional corrupta, no da
respuesta a sus agremiados o se muestra incapaz de articular o exigir la violencia
contra los suyos porque tiene obligaciones partidarias.
Vale la pena preguntarnos:
¿Qué hace un gremio en particular formando parte para la
elección de los Poderes del Estado, en este caso para elegir al Fiscal y a su
Adjunto, así como a los miembros del Poder Judicial Hondureño o Consejo de la
Judicatura?
¿Por qué se da este fenómeno en particular?
Ya que el Colegio
de Abogados integra la
Junta Nominadora de proposición y elección de los magistrados
a la Corte Suprema
de Justicia, elección del nuevo Fiscal y su Adjunto, así como un miembro
integrante del Consejo de la Judicatura.
Pobre Colegio de Abogados de Honduras; que abandonado y un
silencio olvida el engrandecimiento de la persona humana de sus agremiados y se
pone a servicio y merced, como una especie de MERCANCIA
a favor de la corrupción nacional,
fomentando impunidad y callando frente a la muerte de todos los colegas caídos
por la violencia nacional.-
Carlos Augusto
Hernández Alvarado
Abogado y
Notariocarlosaugusto69@yahoo.com
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