La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo.
Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto
al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador:
Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al
mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.
No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora,
director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y
secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y
actual embajador en Estados Unidos.
En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos
comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de
Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo
capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo
tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.
El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país
fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en
América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y
México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en
territorio estadunidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del
Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y
mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan
narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la
Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.
El destinatario del equipo fue la Procuraduría General de la República
(PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, actual integrante del
Consejo de la Judicatura Federal; pero según la licitación
estadunidense, la encargada de la operación fue la Agencia Federal de
Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García Luna, quien dijo
a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo: correos
electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos,
conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación
posibles.
“El sistema propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por
la AFI”, dice el anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento
de Estado el 1 de diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de
Felipe Calderón como presidente de México.
García Luna propuso “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de
Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
“Adicionalmente, el cliente desea el establecimiento de un centro de
monitoreo con capacidad de reproducción en tiempo real, decodificación
de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de llamadas
de al menos 25 mil horas, almacenamiento de las sesiones de información,
30 estaciones de monitoreo e impresoras y localización de celulares y
transporte de señales”. A cambio, la AFI entregó la cartografía del
Atlas de las Telecomunicaciones de México.
Vicente Fox y George W. Bush decidieron que sus gobiernos tuvieran
acceso a la información intervenida para crear redes de comunicación
entre agentes de seguridad de ambas naciones. En las cláusulas de la
licitación, una de ellas reservada, se establece que la empresa ganadora
debía integrar el sistema de intervención que hiciera posible a México
“compartir la información con las agencias del gobierno de Estados
Unidos encargadas del cumplimiento de la ley”.
Además los dos gobiernos crearon un Comité de Administración integrado
por la AFI, la embajada de Estados Unidos en México, el contratista y la
Sección de Asuntos de Narcóticos ubicada en la legación estadunidense y
encargada de entregar los equipos de la Iniciativa Mérida.
La adjudicación no se concretó sino hasta el 23 de febrero de 2007,
cuando comenzaba el gobierno de Calderón y García Luna ya era titular de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora desaparecida y cuyas
funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tecnología de Israel
La ganadora de la licitación fue la empresa Verint Technology Inc.,
establecida en México desde 2006 con el nombre de Verint Systems. Nació
como filial de Comverse Technologies, fundada en 1982 por tres
exmiembros de la secreta Unidad 8200, la sección de élite en tecnologías
de inteligencia del ejército israelí.
Especializada en telecomunicaciones, Comverse se convirtió en uno de los
líderes mundiales de su sector en los 90 y desarrolló tecnologías de
inteligencia e intercepción de datos “directamente inspiradas en las de
la Unidad 8200”, señaló el jefe de dicha unidad, general Hanan Gefen, a
la revista Forbes en 2007.
Verint tiene vínculos con empresas en todo el mundo, desde Israel hasta
China, pasando por Macao y las Islas Caimán. Comverse inició sus
relaciones con Telmex en 1992 con la entrega de un servicio de telefonía
virtual. Hoy tiene lazos comerciales con los gigantes de las
telecomunicaciones del continente: América Móvil (Telcel), AT&T,
Telefónica, Telmex, Vivo, Claro, Verizon y Nextel, entre muchos otros.
En Brasil adquirió SunTech, empresa encargada de 90% de las
intercepciones de telecomunicaciones en 2004 y que tiene entre sus
clientes a Claro, propiedad de América Móvil, de Carlos Slim.
La ganancia para Washington con el primer contrato del Departamento de
Estado para la AFI fue mucho más elevada que los 2 millones 963 mil 438
dólares pagados por el equipo: fue la puerta de entrada a la intrusión
que el gobierno de Calderón hizo extensiva a otras agencias de seguridad
e inteligencia de Estados Unidos, incluidas las militares.
De acuerdo con la información del gobierno estadunidense, el contrato
con Verint se modificó en 2005 y 2006. El cambio más reciente ocurrió el
13 de abril del año pasado, aunque no se precisa cuáles fueron las
variaciones.
García Luna no paró ahí. También en abril de 2012, a petición de la SSP,
el gobierno de Estados Unidos lanzó otra licitación, la SINLEC12Q0006,
también de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de
Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado.
Con el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, el Departamento
de Estado precisó que ese nuevo contrato tenía como objetivo proveer
equipo de expansión y mantenimiento del sistema de vigilancia técnica
“propiedad y operado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. El
aumento de la capacidad propuesto fue pasar de las 30 estaciones de
monitoreo instaladas por Verint a 107, además de 300 canales de entrada
análogos.
“En respaldo del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos
procura un sistema de monitoreo de comunicaciones que posibilite la
recepción oportuna, procesamiento, análisis y almacenamiento de
comunicaciones de proveedores nacionales de telefonía y otros
proveedores de servicios de comunicación en México”, dice la
convocatoria publicada el 27 abril de 2012.
El Departamento de Estado canceló la licitación el 6 de septiembre
siguiente. Sin más justificación expresó que “el gobierno ya no requiere
el Sistema de Vigilancia Técnica México. Se cancela la licitación y no
se hará adjudicación alguna”, señaló en una nota publicada en su portal
en internet.
Dos semanas antes, el 24 de agosto, se había perpetrado el ataque contra
un automóvil de la embajada estadunidense por parte de policías
federales en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac. En el vehículo
viajaban instructores estadunidenses. Sin embargo, apenas el 27 de abril
último el Departamento de Estado, ya en el gobierno de Enrique Peña
Nieto, reabrió la licitación.
También, Sedena y PGR
García Luna no estuvo solo en la adquisición de equipo para espiar. Con
el gobierno de Calderón las compras para interceptar comunicaciones las
hicieron también, por lo que se sabe hasta ahora, la PGR y la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
En junio pasado se filtró que la Sedena adquirió de la empresa Security
Tracking Devices equipos de intercepción de mensajes de texto, correos
electrónicos, listas de contactos, voz y audio ambiental, mensajería
instantánea e imágenes de pantalla de dispositivos móviles.
La PGR tampoco se quedó atrás. El 6 de junio pasado el periódico Reforma
informó que durante la gestión de Marisela Morales –ahora cónsul en
Milán– la dependencia adquirió de la empresa Obses de México equipos de
intrusión: el software FinFisher/Finspy y el geolocalizador Hunter Punta
Tracking/Locsys. Pagados con sobreprecio, ambos permiten la intrusión
de aparatos móviles.
A pesar de las evidencias sobre el equipo gestionado por el Departamento
de Estado a favor de la AFI y la SSP, el comisionado nacional de
Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb –quien heredó en la Segob las
funciones de García Luna– declaró el jueves 11 a Televisa que no hay
“elementos” para suponer un espionaje de Estados Unidos en México.
Un día antes el presidente Peña Nieto se refirió a ese espionaje como
una mera “posibilidad” que sería “inaceptable”. Sus declaraciones las
hizo antes de reunirse en California con los principales desarrolladores
tecnológicos estadunidenses.
El gobierno mexicano no encuentra la manera de justificar esa
infraestructura de espionaje que ahora está en sus manos. La PGR, la
Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hablan de una
investigación. El miércoles 10 el vocero del gabinete de Seguridad
Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, quien depende de Gobernación,
declaró que la PGR hará una indagatoria sobre el espionaje. Ambas
instituciones, sin embargo, fueron beneficiadas con las licitaciones,
según lo publicado por el Departamento de Estado.
La SRE también se dice sorprendida. El subsecretario para América del
Norte, Sergio González Alcocer, declaró el jueves 11 al periódico
Excélsior que Estados Unidos debe explicar el acuerdo de espionaje
previsto en la Iniciativa Mérida. Pero en Washington la SRE tiene al
principal negociador de ese plan: el embajador Medina Mora.
Con todo y la confrontación que tenía con García Luna, Medina Mora
estableció una relación estrecha con Estados Unidos desde el Cisen
durante el gobierno de Fox. La relación formal terminó cuando el ahora
diplomático salió de la PGR en septiembre de 2009. Pero la retomó cuando
Peña Nieto lo hizo embajador.
Presencia del Pentágono
El gobierno mexicano tampoco encuentra la manera de sacar de México a
los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos a
los que Calderón les dio entrada con el pretexto de la Iniciativa Mérida
y de la guerra contra el narcotráfico. Nueve agencias de inteligencia
se instalaron en un edificio en el número 265 de Paseo de la Reforma, a
un costado de la embajada de Estados Unidos (Proceso 1776).
A ese inmueble llegaron agentes del Pentágono –lo que siempre ambicionó
Estados Unidos en México–, del Departamento de Justicia, de Seguridad
Interior y del Tesoro, integrados en la llamada Oficina Binacional de
Inteligencia (OBI), creada por la Iniciativa Mérida.
La OBI abrió tres oficinas “satélites”, en Ciudad Juárez, en Tijuana y en la zona militar de Escobedo, Nuevo León.
La relación entre el gobierno de Peña Nieto y esas agencias está
“temporalmente” congelada, según funcionarios de los dos países. “Desde
que descubrimos el tipo de labor policial y de espionaje que llevaban a
cabo la DEA y la CIA en el país, entre otras agencias, la orden emitida
por la Presidencia fue: ‘Pónganles un alto’”, dice a Proceso un
funcionario mexicano que participa en el intercambio cotidiano con las
agencias de inteligencia estadunidenses.
El funcionario, quien por razones de seguridad pidió el anonimato,
asegura que desde el inicio del proceso de transición entre el gobierno
de Calderón y el de Peña Nieto Gobernación supo que los sistemas de
espionaje de Estados Unidos no se dedicaban exclusivamente a combatir al
narcotráfico.
“Fuimos testigos de cómo los agentes de la CIA manejaban los sistemas de
interceptación de llamadas telefónicas y de la red de internet para
otro tipo de actividades de inteligencia: entiéndase el espionaje
político”, agrega el funcionario mexicano.
Lo más grave “fue que los agentes del Cisen, quienes supuestamente
trabajan en colaboración con los estadunidenses para combatir al
narcotráfico al cobijo de la Iniciativa Mérida, denunciaron ante la
Segob el doble espionaje que realizaban esas agencias extranjeras, pero
el gobierno de Calderón no hizo nada”, asegura.
Encerrados en las OBI del Distrito Federal y de Escobedo, los agentes
del Cisen, entre otros, fungían como subordinados de los representantes
de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en especial de la
CIA.
“Los agentes de Estados Unidos utilizan sistemas de espionaje con
lenguajes encriptados totalmente ajenos a los que establece el manual de
colaboración bilateral de la Iniciativa Mérida en materia de
inteligencia”, dice una de las quejas que un agente del Cisen presentó a
la Segob en junio de 2011 y que la fuente del gobierno peñanietista
leyó a Proceso.
La fuente admite que aunque sabían que desde la embajada de Estados
Unidos en México el espionaje seguiría llevándose a cabo, entre otras
agencias por la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la DEA, el
de las OBI quedaría paralizado.
“Nos cerraron todo. Bueno, casi todo”, admite un agente de inteligencia de Estados Unidos que labora en México.
“No les importó que les advirtiéramos que esto podría afectar los
avances logrados en el combate al narcotráfico”, apunta el agente
estadunidense, quien habló a condición del anonimato.
Las fuentes consultadas sostienen que el gobierno de Peña Nieto estudia y
analiza los marcos legales para retirarles la licencia emitida por
Calderón merced a la Iniciativa Mérida. Lo más grave es que la licencia
de espionaje la ratificó el Congreso cuando le dio el aval a esa
iniciativa.
Las agencias estadunidenses más afectadas por la orden de Peña Nieto son
la DEA, la CIA y el FBI, confirman las dos fuentes. “Nos han dicho que
será hasta finales de este año o principios del otro cuando quede
terminada la nueva estructura de cooperación”, dice el agente
estadunidense.
Pero otra vez, la nueva estructura o sistema de inteligencia del
gobierno de Peña Nieto y su cooperación con Estados Unidos se elaboran
con la asesoría de especialistas estadunidenses, exagentes de la CIA,
del FBI, la DEA y la NSA.
“Las empresas de seguridad contratadas para esta labor se coordinan
directamente en la Segob y desarrollan los proyectos en colaboración con
el Cisen. Esta asesoría le costará al país 5 millones de dólares, lo
cual es mejor que permitir que Washington siga metiéndose hasta debajo
de la sábanas”, dice a Proceso un funcionario de la Secretaría de
Relaciones Exteriores vía correo electrónico, quien pidió no revelar su
nombre.
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