Los islandeses dijeron “no” en el referéndum celebrado ayer sobre la indemnización de 5.000 millones de dólares a los inversores extranjeros de Reino Unido y Holanda por la quiebra del banco islandés Icesave.
Según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, más del 60% de los votantes rechazaron en la consulta pública la decisión del Gobierno islandés de indemnizar a los afectados por la bancarrota en 2008 de la entidad financiera.
El Gobierno alegó que los activos del banco en quiebra, una vez liquidados, permitirán pagar la mayor parte de la deuda sin gastos adicionales para las arcas del Estado. Los partidarios del “no”, por su parte, argumentan que la gente no debería pagar por los errores de sus bancos y aducen que la legislación internacional no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía. La suma de 5.000 millones de dólares es un tercio del PIB islandés.
Icesave, una sucursal de uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abierta por Internet en Reino Unido y Holanda, tuvo un éxito demoledor por los altos intereses que pagaba. A principios de octubre de 2008 el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik, les aplicó la ley antiterrorista y congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobre-endeudados y eso, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota y la posterior nacionalización por el Estado. Londres y La Haya pagaron a los depositantes de Icesave (300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero.
Durante mucho tiempo las autoridades islandesas mantuvieron negociaciones con ambos países afectados, tratando de encontrar la solución apropiada. El primer acuerdo logrado entre los tres países, que preveía devolver la deuda pendiente en 15 años y a un interés del 5,5 %, fracasó en el referéndum de marzo de 2010, cuando el 90% de los islandeses dijeron “no”. A principios de diciembre de 2010 los negociadores llegaron a un segundo acuerdo: realizar las devoluciones en un periodo de 30 años, algo que tampoco acepta la población.
La negativa inminentemente afectará a la posición del país en el ámbito político: complicará el acceso de Islandia a la UE y los créditos del FMI y de otros países nórdicos.
La primera ministra de Islandia, Jóhanna Sigurðardóttir, comentó que el referéndum dividió al país en dos y el resultado de este “no” generará una incertidumbre económica y política, muy difícil de superar.
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