La Constitución de la Republica actual, Decreto 131 del 11 de enero de 1982, es producto de una realidad histórica que no logro sobreponerse como solución a la salida de un Régimen Militar a uno supuestamente Democrático.
A pesar de todo ha sido la norma fundamental en la que mediadamente se ha ido desarrollando el estado de derecho hondureño, norma bastante reformada por la aberrante vía de la interpretación y violentada a su máximo esplendor el 28 de Junio del año 2009 cuando se dio Golpe de Estado en Honduras.
Es importante señalar que la norma fundamental hondureña carece en su marco de protección, el abarcar ciertos derechos que hoy universalmente están siendo reconocidos para la supervivencia de la humanidad (los derechos sobre los recursos naturales).
Categorizar por ejemplo el agua a nivel constitucional como bien protegido que nos pertenece a TODOS, incluyendo su uso racional y mejoramiento, debería ser imperativo desde los renglones constitucionales. Vagamente la constitución hace o resalta la protección y la utilización de los recursos naturales.
Uno de los fines del neoliberalismo voraz con su globalización de mercado, ha sido que los dueños del poder económico se apoderen de los recursos naturales en detrimento de las poblaciones, llámese estas; étnicas, municipales, nacionales y en fin de toda la sociedad.
Honduras, no es una isla a este fenómeno al contrario, es un país que por su enorme grado de analfabetismo y pobreza ha sido fácilmente controlado por agentes económicos internacionales y por los mercados pudientes y ha cedido fácilmente a la explotación de sus recursos para que queden en manos extranjeras, o de unos pocos hondureños en contra de las grandes mayorías.
Es oportuno a esta nota plantear dos interrogantes propuestas en unos de los boletines por la ONG GREEN CROSS
“¿El Derecho al agua es un nuevo concepto que viene a añadirse al conjunto de los textos jurídicos existentes que protegen a la persona humana?
El Derecho al Agua figura explícitamente en dos tratados adoptados por las Naciones Unidas sobre los derechos humanos: " la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra las Mujeres "y" la convención internacional relativa a los Derechos del Niño ", así como en un tratado regional, " la Carta africana de los Derechos y del Bienestar del Niño". Las Convenciones de Ginebra garantizan la protección del derecho al agua durante los conflictos armados.
Además, el Derecho al Agua forma parte implícita del derecho a un nivel de vida adecuado, así como del derecho al más alto nivel de salud física y mental. Ambos derechos están protegidos por el " Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Sin embargo, ciertos Estados continúan negando la legitimidad de este derecho. Por esta razón, y debido al incumplimiento de sus obligaciones relativas al Derecho al Agua, por parte de numerosos Estados, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) confirmó y dio una nueva definición del Derecho al Agua, en su Comentario General n ° 15.
Adoptado el 26 de noviembre de 2002, este texto permite a los Estados miembro interpretar este derecho, según dos artículos del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales- Art.11 (el derecho a un nivel de vida adecuado) y Art. 12 (el derecho a la salud).
¿El Derecho al agua es jurídicamente vinculante?
Esta obligación implica la integración de estos derechos en las legislaciones nacionales y la seguridad de que su aplicación se hará de modo no discriminatorio, tanto en la ley como en la práctica.
La integración del Derecho al Agua en las legislaciones nacionales debería conceder a los individuos y a las comunidades una vía de recurso legal en caso de violación de este derecho.
Lamentablemente, demasiado a menudo, es necesario recurrir a los tribunales locales o nacionales para proteger el Derecho al Agua.”
De los artículos No.15 al No.21, la Constitución Hondureña señala en el capitulo relativo a los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico, vale la pena señalar que aunque Honduras fuera suscritora de muchos tratados con referencia al agua, estos carecen de eficacia para su cumplimiento en el sistema normativo interno.
Después del aporte en la publicación de la ONG GREEN CROSS DE ESPAÑA, me llamo la atención, con relación al Agua y su regulación actual en nuestro país Honduras, un tema en particular.
La primera ley hondureña sobre aguas, data del 09 de abril de 1927 emitida bajo Decreto No.137; en su artículo No. 12 señalaba lo siguiente:
“Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar agua dentro de sus fincas, Deberá, sin embargo, guardarse la distancia de dos metros entre pozos y pozo, dentro de las poblaciones, y de quince metros en el campo, entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos. Se entiende que son pozos ordinarios aquellos que se abren con el exclusivo objeto de atender el uso doméstico o necesidades ordinarias de la vida.”
“Corresponde al estado y a las Municipalidades en su respectiva jurisdicción el manejo, protección, conservación de las cuencas y depósitos de aguas naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico.
Las Municipalidades a través de su Ley, en sus artículos No.12, numeral 3, No.14, numeral 6, No.73 y No.74; podrían crear el marco impositivo para protección del agua como fuente natural de vida específicamente en la explotación de aguas subterráneas.
La Municipalidad de la ciudad de San Pedro Sula fue una de las que mas se anticipo a la protección de sus cuenca hidrográficas, buscó la creación del Decreto No.46-90 conocido como Ley del Merendón y del Acuerdo Ejecutivo No.156-94 de septiembre de 1994 que reglamentaba dicho Decreto.
Y asimismo procedió, a reglamentar el articulo No.73 de su Plan de Arbitrios, donde estableció todo un procedimiento normativo e impositivo a cobrar por la explotación de las aguas subterráneas y la tasa de mantenimiento y protección de sus recursos.
Es conocido por todos los ciudadanos, que el 28 de Junio del 2009 se dio un Golpe de Estado en Honduras y que los 6 meses del funesto Golpe, mas los años que llevamos del actual gobierno, han tenido como objetivo desarraigar cualquier intento posible de legislaciones que favorecieran a los sectores populares y la protección de los recursos naturales.
El 30 de septiembre del año 2009, en pleno marco de ilegitimidad el Gobierno de Facto del señor Roberto Micheletti aprobó
En el articulo No. 10 de esta ley, crea lo que se denomina Autoridad del Agua y en el articulo No. 11 le da sus facultades, especialmente en los numerales; No. 10 que establece: “De ejercer la titularidad del agua que conforme a Ley corresponde a Gobierno Central, otorgar permisos, títulos de aprovechamiento y concesiones conforme a ley.” Y en el inciso No. 12, habla de: “Aprobar los cánones, tarifas, tasas, por derechos de uso.”
¿Cuál fue el propósito?
Simple y sencillamente quitar de la Ley de Municipalidades y su Reglamento y de la Ley General del Ambiente y su Reglamento y del artículo No. 301 de la Constitución, cualquier posibilidad de crear tasa y manejo por explotación del agua de las Municipalidades.
Tan funesto objetivo llevo a centralizar los permisos por explotación de aguas subterráneas, en Tegucigalpa a través de la Autoridad del Agua, y esta creó cánones inferiores que los cobrados por las municipalidades especialmente en el ejemplo citado, de la Municipalidad de San Pedro Sula.
La consecuencia inmediata es que las grandes trasnacionales de bebidas, parques industriales, se abstuvieron de pagar a las municipalidades y se registraron en la Autoridad del Agua pagando una tasa inferior por el aprovechamiento y lo que es mas doloroso sin que esa tasa llegue de nuevo a las corporaciones municipales para proteger la cuencas hidrográficas.
Un Golpe duro a la autonomía municipal, a la constitucionalidad, y al recurso agua que nos pertenece a todos.
Yo me pregunto:
¿Qué ha hecho la Asociación de Municipios de Honduras y las Municipalidades afectadas?
Nada.-
¿Qué ha hecho el Procurador del Ambiente, el Fiscal del Ambiente y la Fiscalia de lo Constitucional?
Nada.-
¿Qué han hecho las ONG´s de Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales?
Nada.-
¿Qué ha hecho el Comisionado Nacional de Derechos Humanos?
Nada.-
El agua que hoy aprovechan las empresas también es nuestra y tienen que rendir cuentas de su aprovechamiento a toda la población hondureña por un solo y sencillo efecto DE LA SUPERVIVENCIA DEL SER
Carlos Augusto Hernández Alvarado
Abogado y Notario.carlosaugusto69@yahoo.com
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