Organizaciones humanitarias de Brasil denunciaron ante las Naciones Unidas que ejecutivos de la empresa que construye una represa en la Amazonia intimidaron a fiscales que cuestionan el emprendimiento por entender que amenaza el hábitat de los aborígenes que viven en la región.
El grupo de empresas Norte Energía S.A. fue acusado de intimidar al fiscal Felício Pontes Júnior y presionar a la Justicia para que lo aparte de sus funciones de veedor de las obras de la represa Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo.
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron al consorcio Norte Energía ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU.
Los grupos cuestionaron además la construcción de Belo Monte por las consecuencias ecológicas que la obra tendrá en la región amazónica y por inundar tierras de los pueblos originarios de esa zona.
La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff expresó semanas atrás su “perplejidad” por el parecer de la CIDH.
El grupo de empresas Norte Energía S.A. fue acusado de intimidar al fiscal Felício Pontes Júnior y presionar a la Justicia para que lo aparte de sus funciones de veedor de las obras de la represa Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo.
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron al consorcio Norte Energía ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU.
Los grupos cuestionaron además la construcción de Belo Monte por las consecuencias ecológicas que la obra tendrá en la región amazónica y por inundar tierras de los pueblos originarios de esa zona.
La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff expresó semanas atrás su “perplejidad” por el parecer de la CIDH.
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