Colapso del sistema de seguridad en México

Los cuestionamientos a Felipe Calderón de cómo llegó al poder en 2006, a través de un Golpe Militar “técnico”, con francotiradores apostados dentro del Palacio Legislativo, producto de un proceso electoral tramposo, manipulado desde las instituciones encargadas de arbitrar los resultados electorales y con la aquiescencia de los poderes legislativo y judicial, lo llevaron a buscar mecanismos para legitimar su gobierno.

Éste fue el móvil, y no otro, que hizo que Calderón declarara la “Guerra Contra el Narcotráfico” el 22 de enero de 2007; antes, ataviado de vestimenta militar, el 4 de enero del mismo año en Michoacán, rendía tributo a los soldados y desafiaba con operativos conjuntos al narcotráfico. ¡Un palo al avispero! Felipe Calderón, sin un plan, sin análisis y estrategia alguna, lanzó una Cruzada Nacional contra la Delincuencia, con la que prometió ganar la “guerra” al crimen organizado, ahora negada por él mismo. El término es casi el mismo al de Ernesto Zedillo que lanzó la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia el 26 de agosto de 1998 y en enero de 2001, Vicente Fox Quesada convocó a la Cruzada contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

Ante integrantes de su gabinete y gobernadores, soberbio y ufano, Calderón presentó en aquel entonces como ''avances'' de su administración los operativos conjuntos de seguridad, el traspaso de 10 mil efectivos de las fuerzas armadas a la Policía Federal Preventiva, el aumento del presupuesto en seguridad y la unificación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la PFP.1

Éste fue el inicio de la posición guerrerista de Calderón en el orden interno, misma que se da en un contexto de neocolonización, como pocas veces se había visto en la historia independiente de México (la dominación del Espectro Total), promovida desde Estados Unidos (EE. UU.) y con los mismos objetivos de la “Guerra contra el Terrorismo Internacional” decretada por George W. Bush, después de los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

Una clara e intencional imposición de un Estado de Excepción de facto impuesta por Washington a través de acuerdos bilaterales cupulares, tramados a espaldas de la sociedad, como son la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada por Vicente Fox-Bush en 2005, y la Iniciativa Mérida, acordada entre Felipe Calderón-Bush en 2007; se trata de una embestida total y agresiva de las políticas neoliberales en nuestro país que amenazan los aspectos de energía, seguridad, autodeterminación y soberanía, y sobre todo, el sometimiento del poder armado del Estado mexicano y su sistema de defensa a los intereses de Washington, el último bastión de nacionalismo que tenía la nación para defender su integridad.

Lejos se trata de enfrentar el problema del narcotráfico o del terrorismo internacional, cuyas fuentes se encuentran en la política prohibicionista de las drogas encabezada por EE. UU., en el sistema económico-financiero especulativo, y en la actuación deficiente, más bien alcahueta de los aparatos de seguridad estadounidenses para el control del tráfico de armas y drogas, consumo y proliferación de estupefacientes.

Se evaden las causas centrales del problema. No obstante que en EE. UU. existe una prohibición de antaño para que la manu militari realice operaciones de seguridad y aplicación de la ley dentro de su territorio (Posse Comitatus Act, 1878), exportan la intervención militar en el orden interno dentro de su área de influencia en el ámbito global. La lucha contra el narcotráfico, por tanto, no es un asunto central de combate al crimen en sí misma, sino la garantía para acceder a los recursos estratégicos, de anexión y ocupación territorial, de sometimiento de las fuerzas de seguridad (policía y ejército) a los mandos del Pentágono, ya que EE. UU., se arroga ser el gendarme mundial; ¡Eh aquí! los soportes de la expansión del capitalismo neoliberal: empresa, estado y ejército, que hoy amenaza con la extinción de la humanidad.

Desde la visión geopolítica actual, los Estados no desaparecen, sino que les corresponde encargarse de la política a través de la diplomacia y de la acción directa, esto es, hacer uso de la fuerza explícita para mantener el statu quo dentro de un contexto de lucha por la hegemonía global.2 Un imperio como el capitalista, en el siglo XXI, requiere de una elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar sus grandes intereses económicos; a ello se debe, en cierto modo, la militarización global.3

El gobierno de Calderón cayó en este juego, como una demostración de fuerza por la débil legitimidad y falta de capital político para gobernar, al igual que George W. Bush la tenía hasta antes de 2001, lanza a las calles a las fuerzas armadas trastocando el frágil equilibrio que históricamente ha existido en la relación civil-militar en México, lo que nunca se ponderó por sus consecuencias en la criminalización de los movimientos sociales, las miles de muertes, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales contra civiles, las deserciones masivas de efectivos militares, el colapso del sistema de seguridad y defensa, así como sus desenlaces políticos.

Lo que conlleva un problema de fondo, que ha sido ignorado por las cúpulas de poder civil y militar mexicanos y estadounidense, inducido por la política intervencionista directa en los asuntos internos de México, a raíz de gobiernos entreguistas y apátridas, y los tratados bilaterales comerciales, de energía y de defensa: el vínculo entre el narcotráfico y las estructuras financieras.

Así, las políticas de fuerza policiaco-militares de Calderón, ya sea para legitimarse en el poder o combatir al narcotráfico, abren espacios de oportunidad para que EE. UU. promueva su agenda de seguridad hacia México y al resto de América Latina: a través de la Iniciativa Mérida articulada a su proyecto expansionista, que ahora amenaza con una inminente intervención militar al territorio mexicano.

Esta situación exaspera ahora a los altos mandos militares, cuando ellos mismos aceptaron entrar en el juego de Calderón y permitieron la intervención de EE. UU. a través de la Iniciativa Mérida: inmiscuirse en los asuntos de seguridad, esto es, el alto mando militar, ya había abdicado en su misión constitucional de Defensa Nacional, ¡Ahora, de qué se queja!

Lógico, la “guerra contra las drogas”, inducida desde Washington, es una maniobra encubierta para intervenir militarmente a México, que ninguna agencia de inteligencia percibió en su momento,4 con la justificación de más seguridad como reclamo social en el orden interno y con el maquillaje de ayuda humanitaria en el orden internacional, debido a la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y controlar la inseguridad, convertida hoy en día, a través de una operación de propaganda dirigida desde Estados Unidos, como amenazas de larga data, a su seguridad nacional.

México no es un Estado Fallido, el Estado mexicano tiene un gobierno fallido.