México SA

• Nadie irá a la cárcel por el caso de la guardería ABC, vaticinio y certeza
• Asegura Kessel que no hay ningún retraso en la Refinería Bicentenario

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Por muchos aspavientos que se hagan desde los llamados tres poderes de la unión, a 384 días del incendio en la ABC de Hermosillo (en el que 49 bebés perdieron la vida y alrededor de 75 resultaron gravemente heridos) lo único contundentemente cierto es lo que desde el 10 de junio de 2009 sentenció el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora (hoy cómodamente instalado en la embajada mexicana en Londres): nadie irá
a prisión por el caso de la guardería”.

Medina Mora no presumía sus dotes de vidente, ni su gusto por la cartomancia;
simplemente se limitaba a describir el concepto calderonista en materia de procuración de justicia: al círculo íntimo, impunidad garantizada; a los amigos más cercanos, ni con el pétalo de una rosa, algo que, por lo demás, se ha constatado en el transcurso de su estadía en Los Pinos. Así, en el caso de la guardería ABC, ni funcionarios, ni parientes, mientras la PGR hace como que investiga para esconder la mugre bajo la alfombra. Comenzaba el peregrinaje de los padres de los bebés muertos en busca de justicia.

El Ejecutivo incumplió; también el Legislativo y el Judicial. El papel de la CNDH no trascendió su recomendación (la 49/2009). Los padres de los bebés muertos y heridos el 5 de junio de 2009 tocaron todas las puertas, y todas les fueron azotadas en las narices. Los diputados cacarearon la formación de un grupo de trabajo para el caso ABC de Hermosillo (“Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público”), con el fin de “revisar el caso de la guardería, para que no exista impunidad en tan lamentable hecho”, y para tal fin “solicitaremos información oficial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno de Sonora, así como a la alcaldía de Hermosillo y al IMSS” (Emilio Serrano Jiménez, del PRD, presidente de tal instancia legislativa), es decir a los mismos sujetos que escondieron y/o manipularon la información.

Algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron un destacado trabajo de investigación y documentación del caso ABC, en particular, y del sistema nacional de guarderías, en general; de allí a confirmar las graves violaciones a las garantías individuales, a sustentar la ilegalidad de la subrogación, al señalamiento de los responsables y a la exigencia de que no quedara impune el asesinato de 49 bebés. Pero, ¡oh!, sorpresa, la mayoría de los ministros vergonzosamente echaron todo para atrás (violaciones sin violadores, responsabilidades sin responsables, asesinatos sin asesinos), en una de sus actuaciones más impúdicas. Fin de la fiesta. Todo quedó igual: “nadie irá a prisión por el caso de la guardería” (Medina Mora dixit). Impunidad a manos llenas, con todo y decreto de luto nacional. Y a los padres, que a lo largo de 384 días han recurrido a todas las instituciones, y todas les dieron la espalda, sólo les quedan los tribunales internacionales.

Todos manipularon, todos escondieron, todos evadieron, en pos de la impunidad. Sin embargo, la magia electoral, el “te cambio tus grabaciones de los nuestros por la impunidad de los tuyos”, el peloteo de mierda entre los partidos políticos a escasas dos semanas de los comicios en 14 estados de la República, han hecho el milagro de que los mismos que abiertamente incumplieron –vía la citada comisión legislativa– en la investigación del caso ABC, hoy exijan juicio político a sólo uno de los involucrados en el asunto que nos ocupa: Juan Molinar Horcasitas, quien aferrado al hueso y sereno por el manto protector de Los Pinos, sonriente espera el nuevo tiroteo de salva.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados “aprobó por unanimidad –incluido el PAN– instruir a la dirección jurídica del órgano legislativo a proporcionarle –en un plazo de cinco días hábiles– los argumentos legales, jurídicos, de opinión y valoración técnica sobre el procedimiento a seguir en caso de iniciarse (OJO: en caso de…) el procedimiento de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, si se configura su probable responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora… valoró el contenido del Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009, sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, elaborado por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en torno a la responsabilidad de servidores públicos y en lo particular en lo referente a la imputada a Juan Molinar Horcasitas, de quien se señala lo siguiente: le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia
ocurrida en la guardería ABC… Juan Molinar Horcasitas, en el periodo de sus gestiones, tenía el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo de la actuación de sus subordinados, por lo que las acciones u omisiones que le resulten imputables (…) en lo concreto, irradian hacia el titular del instituto” (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez). Eso sí, las baterías de estiércol sólo apuntan a Molinar Hocasitas, olvidando a Bours, Karam, Rochín Nieto y diez funcionarios y ex funcionarios más (federales, estatales y municipales), amén de la parentela de Los Pinos. Lo mejor del caso es que hasta el representante del PAN (Carlos Alberto Pérez Cuevas, aunque después quiso recular) suscribió el punto de acuerdo impulsado por el PRI y avalado por los demás partidos, en un espectáculo digno de la clase política autóctona: plena impunidad, mientras el curso de los procesos electorales lo permita, o como dirían los diputados priístas “el que se mete a una guerra sucia tiene que prepararse y ponerse un impermeable para que le arrojen lo que venga…”
¿Y la justicia?