El grupo de vigilancia ya opera desde hace al menos 30 años, pero a partir de enero de 2014 reconsidera su estrategia, ahora bajo mecanismos “coordinados y permanentes”, “no con esfuerzos aislados”, como sucedía antes.
Provistos de palas, picos y machetes, el grupo de vigilancia se declara en “rebeldía”, aunque asegura, será “pacífica y dentro de la ley”.
Lo anterior, ante la “baja respuesta” que dicen haber obtenido del Gobierno del Distrito Federal para combatir la tala ilícita. Asimismo, para contener las agresiones y amenazas que en los últimos meses han sufrido por parte del grupo agresor, al que llaman de “criminales ecológicos”.
24 HORAS visitó el campamento de este grupo y lo siguió hasta puntos donde la tala ilícita se sigue practicando; entre estos, los parajes Tepetlehualo y Cuactzonatl. Ahí pudieron verse una docena de tocones de árbol talado con anchos promedio de 80 centímetros; ejemplares que, según los brigadistas, fueron convertidos en tablas en los mismos lugares de los derribos.
Este diario pudo también constatar que la vigilancia policial en dos casetas de acceso y salida del bosque, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, ha disminuido hasta 85% en el último semestre, periodo durante el cual la guardia forestal se redujo de 44 a seis elementos.
Hoy por hoy, la vigilancia del suelo de conservación milpantense parece estar apenas a cargo de los comuneros; habitantes de pueblos como Santa Ana Tlacotenco, San Pablo Oztotepec o San Salvador Cuauhtenco; otrora apacibles y sin ningún uso de madera para sus construcciones, donde sus habitantes dicen valorar al bosque como herencia familiar y cultural, obsequiados desde tiempos virreinales.
“La autoridad… no actúa. No sé si porque tendrán temor a los talamontes o bien porque están protegidos por algún funcionario… no lo sé. Pero algo estará pasando, ya que los denunciamos y denunciamos, pero nadie les hace nada”, se queja Miguel Guerrero, comunero y activo integrante de este grupo de autodefensa forestal.
CRIMINALES ECOLÓGICOS
El pasado 6 de junio, a raíz de denuncias periodísticas (24 HORAS/01.04.13) ante lo que se veía como un auge inusitado de la tala en la región, autoridades capitalinas llevaron a cabo un operativo en esa demarcación política, clausurando un total de 17 aserraderos ocultos, incautando dos toneladas de madera y arrestando a cinco trabajadores que después quedarían libres “por falta de elementos para consignar”.
Si bien el grupo denunciante reconoce que aquella acción gubernamental en su momento sirvió para reducir la tala, hoy en día afirman que esta práctica ilegal ha reaparecido, con la variante de que ahora se practica en horarios nocturnos, y con la hechura de tablones en los puntos donde los ejemplares se derriban.
Asimismo, han denunciado que las amenazas y agresiones hacia la comunidad se han incrementado por parte de quienes han visto afectados sus intereses en el negocio de la madera; actividad que, según calculan, otorga nueve mil pesos por cada árbol que logra ser procesado y sacado de Milpa Alta.
“Es verdad que aquél operativo fue excelente, pero también dejó cabos sueltos que han permitido la continuidad de esta destrucción del bosque, y uno de estos cabos fue el nulo llamado a la justicia de quienes se identificaron como responsables”, dice Miguel Guerrero, quien es secundado por otros integrantes del grupo, entre ellos Francisco Javier Vergara, Domingo y Margarita N., Luis Cabello y Horacio Chavira.
Comunero e investigador del bosque, Víctor Jurado no duda en dar nombres de dos personas a quienes acusa de ser “talamontes encubiertos como representantes comunitarios”: Pascual Noriega y Mauricio Pérez.
De acuerdo con un documento entregado a este diario, los citados Noriega y Pérez, entre otras personas, habrían emitido durante el año anterior alrededor de 150 permisos comunitarios, presuntamente para sacar leña muerta, pero que en realidad habrían servido como “maquillaje” para extraer madera de derribos clandestinos que, de acuerdo con sus cálculos, sumarían 108 mil árboles talados.
24 HORAS buscó por distintos medios a Noriega, quien a decir de los quejosos habría firmado estos permisos “ostentándose como representante de comuneros”; sin embargo, hasta ahora no ha tenido éxito.
Cinco denuncias penales contra los personajes citados (tala, agresiones, robo y amenazas) se han llevado ante la Procuraduría capitalina (MIL-1/T3/0203, 225, 300, 399 y 495) por parte de los afectados, sin embargo, “no han dado lugar a detenciones o siquiera a una investigación”, aseguran.
La consolidación de este grupo de vigilancia de Milpa Alta se presenta aquí como alternativa para proteger ciudadanamente una frondosidad que brinda 28 mil hectáreas verdes a la capital del país y dos porciones equivalentes a sus estados vecinos, México y Morelos.
MILPA ALTA. CONTEXTO HISTÓRICO
1. La tierra es fuente inmemorial de conflictos. Los 12 pueblos que constituyen la demarcación Milpa Alta llevan más de 400 años enfrentando litigios que aún no alcanzan consenso.
2. La falta de claridad de los límites de cada municipio, en relación con los mapas de tenencia histórica de los bienes comunales genera “modernos” problemas: algunas comunidades pugnan por la definición de límites, mientras que otras buscan mantener la imprecisión.
3. La práctica de talar el bosque se ha venido extendiendo en los últimos años, y esto agrava el conflicto histórico, pues cada comunidad estaría en posibilidad de explotar recursos que se mantuvieron casi intocables durante siglos.
4. Dedicados por siempre al cultivo del maíz y el nopal, el potencial aprovechamiento de la madera es un debate nuevo, agravado a la luz de la crisis económica y de inseguridad, creando nuevos conflictos entre las comunidades.
5. La visita de especialistas en tala provenientes del estado de Michoacán, así como la vuelta a la región de jóvenes emigrantes que trabajaron en bosques de Norteamérica ha despertado nuevas “inquietudes” por el negocio de la madera.
“La autoridad… no actúa. No sé si porque tendrán temor a los talamontes o bien porque están protegidos por algún funcionario… no lo sé. Pero algo estará pasando, ya que los denunciamos y denunciamos, pero nadie les hace nada”
Miguel Guerrero
Comunero e integrante del grupo de vigilancia forestal
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