Fuente: Proceso
La dirigencia nacional del PRI exigió hoy a la Procuraduría General
de la República (PGR) que investigue la denuncia pública hecha por los
partidos PAN y PRD por el presunto uso de recursos provenientes del
“lavado” de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto.
En
conferencia de prensa, el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín
Coldwell, negó el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña
presidencial o que se hayan rebasado los topes de campaña.
Acompañado
por el coordinador jurídico del partido, Jesús Murillo Karam; el vocero
del CEN del PRI, Eduardo Sánchez, y el abogado del partido, Raúl
Cervantes, Coldwell exigió a la PGR que realice una “pronta y exhaustiva
investigación” y que llegue a las últimas consecuencias para que, “de
comprobarse la falsa imputación”, se castigue a los responsables.
“Ha
habido una enorme inconsistencia en las acusaciones del PRD. No han
probado nada, lo que les interesa es socavar el proceso y las
instituciones”, afirmó el líder priista, e insistió en que no hay
relación con despachos externos, ni dinero que se haya lavado en
campaña. Según él, al ver que no prosperó la denuncia de un presunto
contrato de 56 millones de dólares para obtener publicidad en Estados
Unidos a favor de Peña Nieto, la oposición decidió acusar al PRI y su
candidato de la compra de 5 millones de votos, entre otros
señalamientos.
Todo ello demuestra, dijo, que cuando a la oposición se le cae una imputación, la cambian por otra.
Por
su parte, Murillo Karam reveló que el PRI sí tiene un contrato con la
empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A., para “cubrir la jornada
electoral correspondiente al proceso federal”, lo que implicó el uso de
monederos para pagar a operadores priistas.
Más tarde, los
representantes legales del PRI entregaron a la PGR copia del documento
que el partido adelantó al Instituto Federal Electoral (IFE), en
respuesta al juicio de inconformidad presentado por la coalición
Movimiento Progresista, el lunes 16.
En su denuncia, el Movimiento
Progresista afirma que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM)
recibió una aportación de cuando menos 250 millones 455 mil pesos, “lo
que en su opinión constituye una aportación prohibida en la ley; un
mecanismo de afectación de la libertad del sufragio y una erogación que
provocó un rebase del tope de gastos de campaña”.
Sin embargo, el PRI sostuvo que ese señalamiento es falso.
Más
aún, rechazó cualquier relación con Grupo Financiero Monex y sostuvo
que tampoco existió aportación alguna, “en dinero o en especie, de
manera directa o por interpósita persona”, por parte de ese banco.
“Se
niega categóricamente lo manifestado por la parte enjuiciante, en
virtud de que el Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera
recibió dinero o aportaciones de personas morales, como lo argumenta la
recurrente, ni tiene relación contractual alguna con las empresas que se
refieren en el recurso interpuesto, mismas que denomina como Grupo
Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra”, se afirma en
el documento entregado a la PGR.
Sin embargo, el PRI reconoce que
sí obtuvo 7 mil 851 tarjetas de prepago con saldos que suman unos 66
millones 326 mil 300 pesos, “destinados al financiamiento de la
estructura y organización” de las elecciones del 1 de julio, a través de
un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., y
no mediante Monex, como acusan PRD y PAN.
Los monederos
electrónicos, señala el documento, fueron utilizados para cumplir con
las funciones de organización y acción electoral que corresponden al
Comité Ejecutivo Nacional priista, a través de su gasto corriente.
El
documento refiere que la estructura del partido fue reforzada con la
contratación de personal y colaboradores que fungieron como
representantes generales “bajo el régimen de honorarios asimilados a
sueldo”.
De los servicios contratados con Alkino, por más de 66
millones de pesos, a la fecha sólo se han facturado servicios por un
monto de 4 millones 243 mil 54 pesos.
De ese monto, un millón 682
mil 528.58 pesos fueron por la contratación del servicio, y 50 pesos más
IVA por cada una de las tarjetas, además de 2 millones 560 mil 525.88
pesos por concepto del financiamiento otorgado del 5 de mayo al 5 de
julio pasados.
El PRI afirma que si bien existe un retraso en el
pago de los montos originalmente pactados, la empresa Alkino “ha
manifestado su aceptación para que los pagos se realicen en los próximos
meses”.
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