La derecha paraguaya consumó este viernes un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, a través de un juicio político orquestado en menos de 24 horas por el Congreso y que desde antes de iniciar la sesión tenía definida la condena.
Este viernes, en el Senado 39 parlamentarios votaron para romper el orden democrático, cuatro rechazaron el golpe de Estado y dos se ausentaron. El pasado jueves, la cámara de diputados votó con 76 votos en favor y uno en contra una iniciativa para juzgar al jefe de Estado por "mal desempeño de funciones". Posteriormente, la Cámara de Senadores elaboró un reglamento y presentó una acusación formal en tiempo récord. Acción que fue calificada por el propio Mandatario paraguayo como un golpe de Estado exprés. La política antirrepresiva y la reivindicación de la lucha por la redistribución de la tierra fueron dos de las causas presentadas por el Congreso para justificar el juicio político contra el Presidente. La disposición al diálogo y el reconocimiento de las demandas campesinas fueron los argumentos para exigir la destitución. La acusación se presentó en la sede del Poder Legislativo, sin prueba alguna que la sustentara y los denunciantes se limitaron a esgrimir que las causas "son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas". El documento que contenía el orden del día del Senado paraguayo establecía como punto final que se "declarará culpable" al presidente Fernando Lugo y "se lo separará de pleno de derecho de su cargo". "No se tratan de meras elucubraciones jurídicas", afirmó Adolfo Ferreiro, uno de los abogados del jefe de Estado, tras citar el documento en el que se preveía la destitución. "Si esto no es una condena anunciada con libreto impreso y distribuido a los señores senadores, yo no puedo concebir una burla mayor a este Senado", agregó el abogado.
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