El dictamen fue emitido por el juez de La Rioja (noroeste), Daniel Herrera, quien ordenó detener a Videla y a su ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, para llevarlos a juicio oral donde testifiquen sobre el crimen.
Esta es la primera vez en 28 años que un juez firma una acusación formal contra Videla como máximo responsable de este plan de exterminio.
Desde que ocurrió el fallecimiento de Angelelli, en 1976, el acontecimiento fue calificado por las autoridades de la dictadura como un “accidente” en el que el religioso había perdido el control del vehículo que conducía en una carretera de la provincia de La Rioja.
Sin embargo, hubo muchos que dudaron del dictamen, pues antes de morir, Angelelli venía denunciando asesinatos y represión a movimientos sociales por parte de las fuerzas guebernamentales.
Además, el día de su muerte, regresaba de un homenaje a los sacerdotes Gabriel Longueville (francés) y Carlos Murias (argentino); quienes habían sido secuestrados, torturados y fusilados dos semanas antes por los militares.
Extensa investigación
Al final de la última dictadura argentina, seis años después del homicidio de este obispo, el caso de la muerte de Angelelli fue reabierto, y en ese momento, la Justicia sentenció que el fallecimiento fue realmente un "homicidio fríamente premeditado” y que se tenía que identificar a los autores.
En esa fecha también se precisó que el vehículo del obispo, quien tenía 53 años al morir, fue perseguido por otro que lo hizo volcar.
No obstante, después del supuesto “accidente”, Angelelli había sobrevivido al impacto, por lo que fue retirado del carro, golpeado fuertemente en la nuca y su cuerpo arrastrado hasta el medio de la ruta, donde quedó tendido inerte en forma de cruz.
En 2006, la Justicia reabrió la investigación de la muerte del obispo con el objetivo de individualizar a los responsables del crimen.
Fuentes allegadas al religioso han llegado a decir que el día de su muerte, él portaba una gruesa carpeta con denuncias por asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad.
Este Obispo no fue la única víctima católica de la dictadura argentina. Además de él, durante la denominada "guerra sucia", al menos 19 sacerdotes se declararon desaparecidos o asesinados.
En tanto, otros 11 fueron secuestrados, torturados y humillados mientras que otros 22 fueron detenidos por persecución política.
Del mismo modo, durante ese período histórico, se contabilizó la muerte de más de 11 seminaristas y religiosos, que se suman a los más de 30 mil muertos que dejaron las fuerzas dictatoriales.
Ante estos delitos, los dictadores de ese país, Jorge Videla, Reynaldo Bignone y Roberto Viola (el último fallecido en 1994) recibieron diversas condenas por delitos de lesa humanidad.
Actualmente, Videla permanece detenido en el Hospital Militar, en Buenos Aires (capital del país), mientras que Harguindeguy cumple con un arresto domiciliario por otras causas en la que está procesado por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada de personas.
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