Depuración de jueces, fiscales y policías

Si nos atenemos a las informaciones periodísticas, resulta que de acuerdo con una reciente reunión en la que participaron Oscar Álvarez, Luis Alberto Rubí, Jorge Alberto Rivera Avilez, Áfrico Madrid, Olvin Mejía y Teodoro García, Ministro de Seguridad, Fiscal General, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro del Interior, Presidente del Colegio de Abogados y el Titular de la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia respectivamente, y en su orden, se pretende endurecer o cambiar muchos artículos del Código Procesal Penal y de la Constitución de la Republica.

A esta sesión que duro unas tres horas, se le llamo, por parte de los interesados, reunión de escogencia, cuyo objetivo fue el de solicitar al Congreso Nacional que amplíe en tres días el tiempo para presentar a un imputado ante los tribunales y se prorrogue a doce días el tiempo de ley para inquirir. Desde luego, no conocemos los argumentos a favor de estos cambios, pero a todas luces deducimos, que los autores que redactaron el nuevo Código Procesal Penal se quedaron cortos, pues los actuales operadores de justicia están haciendo remiendos al documento presentado como una novedad, como si se tratara de la piedra filosofal de la jurisprudencia.

En poco tiempo, el documento en mención, necesita de cambios de acuerdo con las autoridades judiciales y de seguridad que se dieron cita en la reunión de “emergencia” en mención. Una política integral de seguridad debe atacar primero, las causas y raíces del problema y no empezar por las ramas como si se tratara de podar un árbol. El tema planteado para todos los hondureños es acabar con el crimen organizado y la delincuencia y, con las medidas de menoscabo de las garantías judiciales, no se liquida la delincuencia ni la criminalidad, por el contrario, con ello se abre la puerta para que los cuerpos represivos de conducta esencialmente fascista, torturen, desaparezcan y asesinen a luchadores populares políticos que con añagazas se les captura y presentan como si fueran delincuentes comunes.

Si antes y actualmente, con un día para presentar a un imputado y seis para inquirir, se ha violado la Constitución e irrespetado el derecho y las garantías de las personas que caen en manos de la justicia, que seria, al aumentar el tiempo de estos recursos, indiscutiblemente el ciudadano estaría inerme e indefenso, desprotegido en sus derechos humanos y a mansalva en manos de los verdugos en que se convierten los policías en las cárceles cumpliendo ordenes de interesados e intereses espurios. Aquí, en nuestro país, es fácil y sencillo presentar cambios de la Ley Fundamental, códigos y reglamentos, ante el Congreso Nacional, por cualquier deseo o interés privado de endurecer el sistema o las reglas de vida a las que nos hemos atenido copiando experiencias de manera mecánica de otros países mas desarrollados que el nuestro.

Señores encargados de la Seguridad Nacional y ciudadana, “empiecen por el principio”, depurando la policía, a jueces y fiscales si están interesados en una estrategia integral de seguridad. No anden por las ramas, bajen a la raíz del árbol social, para, desde ahí empezar la profilaxis del cuerpo del país y a profundizar las medidas que pongan un alto a la criminalidad y violencia que nos ha invadido. Fortalezcan como dice la Fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, los mecanismos de la investigación con la tecnología y gente preparada y capaz. Sin ser expertos en criminología, podemos afirmar, que endurecer el proceso penal no reducirá la criminalidad que tiene causales de diversa índole como las biológicas, psicológicas, económicas, sociales, políticas, morales, educativas, etc.

Además, a nuestro juicio, la aplicación de la ley, debe ser pareja, en el sentido de castigar a los delincuentes de cuello blanco, que desde posiciones cimeras de la administración publica, cometen infinidad de actos delictivos, basados en la corrupción de todo tipo y, en el abuso de poder que todos los días aplican a sus subalternos los mandamás de turno. El incumplimiento de las funciones publicas y de servicio, en el que caen los altos funcionarios, que lo único que cumplen a la perfección es cobrar el sueldo sin la correspondiente actividad laboral para la que fueron nombrados y contratados, son acciones y conductas que deben ser controladas incluso con la detención, porque generalmente, son políticos violadores de la Constitución y deben ser encarcelados por traición a la patria.

De las tres medidas que deben cambiarse en el Código Procesal, la más nefasta, negativa y peligrosa es la que se refiere a los allanamientos de viviendas de día y de noche. Esto, compatriotas no lo podemos permitir porque es violatorio y atentatorio contra la vida de las personas. ¿Quién garantiza que los que allanan en la noche o madrugada son autoridades? En nuestro medio, es común ver, a policías dirigiendo bandas de secuestradores y narcotraficantes, además, de que la delincuencia tiene uniformes, placas, carnet, armas y todo tipo de identificaciones que pertenecen a la policía. Nadie, pues, estaría seguro con este tipo de medidas que a todas luces tienen un contenido fascista y antidemocrático.

Concretamente, los cambios del Código Procesal Penal no son adecuados ni mucho menos correctos. La debilidad, en la lucha delincuencial no esta en las garantías procesales, por el contrario, es el proceso de investigación el que falla al no presentar pruebas contundentes que son las que se toman en cuenta para juzgar a una persona. Cuando se habla de una seguridad integral, quiere decir, que es un todo y como tal, tiene raíz, tronco y ramas y los cambios, hay que empezarlos desde abajo para terminar en la parte alta que son los mecanismos que tienen que ver con las penas y los procesos judiciales.

Los operadores de justicia que se dieron cita en esa reunión de emergencia no están “agarrando los rábanos por las hojas” porque desatienden los aspectos principales que se refieren a la depuración de jueces, fiscales y policía que son nauseabundos por la podredumbre de que adolecen. El Presidente del Congreso, debe manifestar y tener sensatez en lo que dice públicamente, porque seria un grave error trastocar la Constitución y el Código Procesal Penal que, a nuestro juicio, deben ser cambiados por la voluntad mayoritaria del pueblo y no por el antojo e intereses aviesos del Ministerio de Seguridad, Fiscal y Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que lo que se mueve detrás de la actitud fascista, autoritaria y dictatorial de los golpistas que continúan pegados a la teta de la administración publica. Todo esta dirigido contra el pueblo y no contra la delincuencia que nos ha derrotado. No sean tercos, empiecen depurando a la policía en la que hay delincuentes.


Por: Eduardo David Ardón
e-mail: eduardodavidardon@hotmail.com