Crímenes, secuestro, narcotráfico, robo de autos y asaltos a mano armada, son los ingredientes principales que sufrimos los hondureños, debido a la profunda crisis y a la ingobernabilidad en la que nos mantienen los “políticos” reaccionarios, al servicio de los intereses inmaculados del poder factico.
El crimen se ha institucionalizado. Nadie esta seguro ni en su propio hábitat. Las victimas se han seleccionado entre periodistas, abogados, pastores de la iglesia evangélica, jóvenes y mujeres. Ya no hay respeto hacia la vida humana, podemos afirmar como dice la canción mexicana, que aquí, “la vida no vale nada”.
Después de cada crimen, por televisión, radio y fotografías de la prensa escrita somos testigos del dolor de los familiares que lloran a sus seres queridos transidos de impotencia ante la barbarie y la acción alevoz de los criminales que actúan impunemente ante vista y paciencia de la ciudadanía y la misma policía que solo llega al lugar de los hechos a buscar pesquisas y dar declaraciones abstractas y sin sentido a los reporteros que andan a la casa de la noticia que satisfaga el morbo de los lectores. Alrededor de los crímenes diarios ha surgido un amarillismo exagerado, que hace gala de una satisfacción desmedida que producen los cadáveres acribillados y la sangre derramada a borbollones en las calles, aceras, solares baldíos y casas de las distinta ciudades del país. Nos hemos convertido, pues, en el segundo país más violento del mundo, a donde ningún extranjero quiere venir por temor a perder la vida.
Esta situación existe desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses se ha intensificado enormemente, debido a la corrupción, impunidad e inseguridad de la que el pueblo hondureño es victima. Ante tal desastre y descomposición social, solo observamos la queja y reclamos del pueblo y la demagogia del gobierno, que ha relegado en personajes incapaces la responsabilidad de dirigir a la policía y a las instituciones de seguridad, con el resultado nulo de parar la avalancha delincuencial.
Muchos hondureños con los conocimientos necesarios han escrito libros y artículos reiterativos sobre el tema de la seguridad y los consejos y soluciones les entran a las autoridades por un oído y les salen por el otro. Nos cansamos de plantear la necesidad de una política de seguridad integral y de reestructurar y cambiar los esquemas de las instituciones de seguridad, como el Ministerio Publico, La Policía, La Fiscalía y jamás de hizo nada por cambiar la situación, razón por la cual, hoy estamos apresados y amenazados por la violencia de los delincuentes. Por tal razón, estamos convencidos que las Fuerzas Armadas y la Policía han sido derrotados por el crimen organizado.
El Ministro de Seguridad debe ser interpelado por el Poder Legislativo para que explique con claridad, que es lo que esta haciendo la Policía además de consumir el presupuesto que les han asignado. El Ministro Álvarez, cada vez que aparece en entrevistas y eso es todos los días, se ufana deéxitos de la Policía, solo porque encarcelaron a uno que otro marero, como si el crimen organizado se concretara nada más que a las maras. Habla también de grupos vulnerables cuando la vulnerabilidad es para los ocho millones de hondureños que vivimos en este territorio.
La situación, pues, impone abordar los temas de la seguridad desde una perspectiva amplia, con transparencia y con instancias capaces de tener control sobre el delito con rendición de cuentas en el ámbito judicial y la participación activa de la sociedad civil. La única solución que la ciudadanía, el gobierno y los medios de comunicación consideran prioritario, es la de sacar al ejercito de sus cuarteles y enviarlos a las calles a colaborar con las distintas policías para apresar ladronzuelos y delincuentes de poca monta. Si dicha acción, fuera permanente, por lo menos serviría para disuadir un poco al desadaptado social, pero esto solo dura dos días porque tener a los soldados en las calles resulta muy oneroso. Por lo tanto, no significa ninguna solución para terminar con los criminales.
El problema es más complejo, empezando porque no se ha determinado con claridad cuales son las funciones de las FFAA. No saben si son guardianes de la frontera, del bosque, del orden político o de los intereses económicos de la burguesía. Tienen deformado su papel porque la Constitución aprobada en 1982 les dio demasiadas atribuciones vinculadas a su prioridad de guardián de una supuesta democracia, que la cercenaron y violaron al ser los principales ejecutores de la asonada militar contra el gobierno liberal dirigido por José Manuel Zelaya Rosales.
La politiquería barata y los jerarcas de las Fuerzas Armadas confundieron los objetivos nacionales con los de la defensa. Y nunca han acatado el mandato constitucional de que son una institución apolítica, obediente y no deliberante. Hay una débil conducción civil de la defensa y de la seguridad, no hay conocimiento del tema de parte de los políticos que nos “desgobiernan” y tampoco tienen formación en esta materia. La educación militar sigue siendo ideologizada, anquilosada y atrapada por los Fantasmas de la guerra fría. La formación en derechos humanos es superficial y artificial inconsistente y alejada totalmente de la realidad.
Se tiene en consideración que el tema de la defensa es un problema de índole militar y que el de la seguridad es asunto policial y también militar, lo que explica que en los últimos años se nombren a ex militares en la conducción de la institución policial. La policía mantiene características iguales a las del ejército, se sustrajo del control militar pero no apareció una nueva policía, por eso existe la deformación funcional y de procedimiento propia de la época cuando dependía de las FFAA.
Se profundizaron viejos vicios, en particular, ineficiencia y corrupción, débil formación y asimilación en derechos humanos, en las dos instituciones la debilidad es fuerte, a pesar de que organismos de derechos humanos impulsaron y realizaron infinidad de cursos de capacitación. La policía desconoce su condición de servidores de la ciudadanía, incipiente formación y capacitación en valores democráticos y de las obligaciones derivadas de la democracia.
En la crisis propiciada por el golpe de estado del 28 de Junio del 2009, las FFAA y la policía se ubicaron políticamente en contra del pueblo, mostrándose como entes beligerantes y deliberantes, resurgiendo el fantasma de la guerra fría, la ideologización del discurso y las actitudes reaccionarias. Existe, entonces, una combinación tétrica de violencia social, política e institucional a los que se suma el pésimo papel de la justicia y la criminalización de la protesta y la pobreza.
Por: Eduardo David Ardón
e-mail: eduardodavidardon@hotmail.com
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