El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.
El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: ¿Dónde están los encapuchados? Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: ¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?
En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.
El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: ¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco? Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.
Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.
Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.
Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque no habla español.
Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.
Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.
Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.
Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.
Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.
Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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