por Annalisa Melandri
Es con el analista político Carlos Montemayor, más que con el escritor de novelas y poemas con quien conversamos en México. "En realidad las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de George Bush" nos dice en esa entrevista esclusiva concedida a Annalisa Melandri. En su casa de Ciudad de México, durante una conversación exquisita y agradable, rodeados de pilas de libros en casi todos lo idiomas del mundo (Carlos Montemayor habla perfectamente cinco idiomas además de el Grieco clásico y modermo y el Latín) él aborda temas importantes y difíciles como el terrorismo y la guerrilla, además de la grave situación colombiana y nos explica porqué cree que "Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América latina".
Carlos Montemayor (México, 1947) no solamente es autor de una cantidad infinita de obras narrativas, poéticas y de ensayismo, traducidas en casi todos los idiomas, ganador de premios nacionales e internacionales (Premio internacional Juan Rulfo por Operativo en el Trópico, 1994 y Premio Colima por Guerra en el Paraíso, 1991) e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Real Academia Española. Él es además y sobretodo un profundo conocedor de la realidad social y política de su país, amante de la historia y de la tradición oral indígena y agudo observador de las condiciones sociales y económicas que desencadenan los conflictos civiles y armados.
Nombrado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como mediador junto con: el antropólogo Gilberto López y Rivas; el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, para las negociaciones con el Estado mexicano por la presentación con vida de dos militantes del grupo armado, desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.
Carlos Montemayor nos explica los orígenes de los conflictos sociales en su país y más generalmente sobre el uso instrumental que se hace del concepto de terrorismo, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Algunos de los temas tratados en esa entrevista se pueden profundizar en sus últimos libros: La guerrilla recurrente (Debate, 2007) y Los pueblos indios de México (Deboslillo, 2008)
CM.-Lo hemos explicado ya pormenorizadamente en los documentos presentados el 14 de agosto. Gran parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en la búsqueda de estos eperristas desaparecidos, no forman parte de la información que proporcionan a la Comisión de Mediación. Estas acciones las hemos conocido -los mediadores- directamente por las consultas que hemos hecho en muchos sectores de la sociedad mexicana, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo que ha quedado muy claro para nosotros después de la entrega de los primeros documentos de análisis procesales y políticos el 13 de junio es que los representantes del Gobierno Federal se negaron a considerar como planteamientos al Gobierno Federal las preguntas y análisis que les entregamos el 13 de junio.
A partir de esa negativa expresa, la Comisión intensificó sus consultas, sus entrevistas con ex militantes de organizaciones como el PROCUP y el PDLPEPR, de familiares de los desaparecidos y particularmente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora podemos decir que hay suficientes elementos para entender que en algunos sectores policiales, en algunos sectores políticos, en algunos sectores militares del Gobierno mexicano hay una confusión sobre las posibilidades reales de la Comisión de Mediación. Estas confusiones derivan del intento de establecer canales de comunicación con el EPR desde el año 2007. Tanto el ejército, como el CISEN han creído establecer contactos a través o de familiares o a través de presiones a ex militantes o a los familiares de los mismos desaparecidos. Esto ha hecho borrosa yo creo, la imagen del propio Gobierno Federal en el proceso de mediación. Por lo tanto desde el 14 de agosto hemos suspendido provisionalmente las tareas de mediación hasta tanto respondan el EPR y el Gobierno Federal si quieren que continúe este proceso.
AM.- El gobierno en su último boletín del 14 de agosto ha aceptado definitivamente que se trata de un caso de desaparición forzada, en vez de secuestro como fue planteado desde el principio. ¿Qué significa esto y cómo actuará la Comisión de Mediación ante esa afirmación de responsabilidad?
CM.- No tiene ninguna trascendencia ese comunicado, porqué ya lo habíamos dicho reiteradas veces, tanto por la CNDH, como por el abogado defensor de los policías oaxaqueños arraigados. Por la nota aclaratoria del director del CISEN sabíamos que uno de los expedientes o uno de los cargos acumulados en el expediente n. 047/2008 era por desaparición forzada de persona en perjuicio de los dos eperristas. Esto es solamente una hipótesis procesal, no es una resolución judicial y el comunicado de gobernación aclara perfectamente que se está manejando como una hipótesis procesal, de ninguna manera es una verdad jurídica porque no se trata de un dictamen de un juez. De tal manera que ni sorprende, ni agrega nada y por supuesto es una mínima parte comparado con los 39 puntos del informe y del anexo técnico que forma la documentación del 14 de agosto y hemos planteado al Gobierno Federal y al EPR. No tiene la menor relevancia ese comunicado y estamos a la espera de que respondan, tanto el Gobierno Federal cómo el EPR.
AM. – Las desapariciones forzadas en México y en toda América Latina eran una representació n de la "guerra sucia". ¿Continúa el Estado mexicano con la práctica de desaparecer personas? ¿cómo reacciona la sociedad civil ante eso?
CM.- Creo que el único avance que ha habido en el Estado mexicano y en el país, contra la desaparición forzada de personas ha provenido de la sociedad civil. El gobierno mexicano ha firmado, ha subscrito convenios internacionales, contra la desaparición forzada, tanto en el seno de la OEA, como en el seno de la ONU. Sin embargo no ha habido ninguna adaptación de la legislación nacional para modificar y favorecer institucionalmente en la Procuración de Justicia o en los ejercicios de los tribunales estos compromisos internacionales. De tal manera que no ha habido ningún avance en cuanto al Gobierno mexicano; en el Estado mexicano, no ha habido ningún castigado, no ha habido ningún procesado, la impunidad es permanente, desde la guerra sucia para acá. Estamos viviendo en México en un marco de impunidad total y los únicos cambios que se advierten son en las organizaciones civiles. La sociedad civil es la que va adelante, el Estado mexicano el que va rezagado.
AM.- En su libro de reciente publicación "La guerrilla recurrente", Usted aborda el tema del conflicto político, social y armado en México en sus diferentes aspectos ¿por qué "guerrilla recurrente"?
CM.- Lo que explico en este libro, que puede comprobarse, es que cada cierto tiempo hay un reavivamiento de los movimientos guerrilleros y que el análisis oficial de los movimientos guerrilleros es un análisis equivocado e incompleto. Confunden el alzamiento popular armado, lo confunden con la totalidad de los miembros propiamente armados, sin conexión con condiciones sociales. En la medida en que solamente la estrategia del Estado mexicano se dirige a aniquilar físicamente estos grupos armados y a no modificar las condiciones sociales, entonces de manera recurrente las condiciones sociales vuelven a propiciar los alzamientos y de manera recurrente el Gobierno mexicano responde con procesos de aniquilación o procesos de arrasamiento de zonas rurales y momentáneamente se sofocan los movimientos y tiempo después vuelven a aparecer. Esta recurrencia se refiere entonces, no solamente, a los alzamientos guerrilleros, sino a las estrategias equivocadas del Gobierno mexicano para controlar estas insurrecciones.
AM.- ¿Qué características tiene y de dónde surge el movimiento armado mexicano?
CM.- Tiene numerosas razones. En uno de mis libros que se llama "Los pueblos indios de México", hago una reseña de los movimientos armados indígenas desde los años de la conquista hasta nuestros días. La invasión territorial, el despojo de tierras, la violencia institucional, van provocando descontentos sociales que gradualmente van acentuando sus respuestas, van aumentando la violencia de la respuesta social y estos procesos que se desencadenan de manera recurrente pueden caracterizarse sobre todo como despojo de tierras. Por ejemplo, en el Estado de Chiapas, en la segunda parte del siglo XX, hubo un flujo migratorio muy importante a las Cañadas, a la zona selvática de la Lacandona. En ese momento, México tenía una legislación que permitía el asentamiento y el reconocimiento de derechos agrarios o derechos sobre territorios no colonizados, a comunidades que por razones de expansión demográfica o por otro motivo como el desplazamiento de las comunidades de sus territorios originales, podían permitir este reajuste de asentamientos humanos. Durante muchos años, tanto por razones demográficas, como por la construcción de las grandes hidroeléctricas en Chiapas, se originaron desplazamientos importantes de comunidades. El presidente Díaz Ordaz, antes de que terminara su mandato, emitió un decreto presidencial, en el año 1969, para que se legalizara y se regulara la tenencia de tierras a más de 40 comunidades indígenas. Esta fue una buena medida, pragmática, útil, lógica, sensata. Pero algunas de estas comunidades tenían ya 20 años asentadas o 15 o 10, y también tenían años de estar solicitando la regulación de sus tierras, estaban ya pidiendo incluso ampliación para las dotaciones de territorios. A pesar de eso, el decreto presidencial no llegó a modificar la realidad regional porque las propias fuerzas regionales impidieron que este decreto tuviera efectos. En 1972, por si fuera poco, un nuevo mandatario emite otro decreto presidencial, que cancela el anterior, y en este caso lo que establece es que toda la selva Lacandona pertenece a los 66 cabezas de familia lacandonas, que de la noche a la mañana se convierten aparentemente en dueños de la selva y de la noche a la mañana convierten a las comunidades que tienen hasta 20 años ya ahí establecidas, en invasoras de territorios. Curiosamente surge con ese decreto presidencial, una compañía forestal, la Compañía Forestal Lacandona S.A. que con préstamos del propio Estado mexicano contrata con los 66 "verdaderos" dueños la explotación de las maderas preciosas de la selva y exige al ejército que expulse a los "invasores", es decir, las comunidades que tenían ya 20 años esperando que se les regularizaran sus tierras. Este despojo territorial produce la resistencia que desde el mismo 1972 se manifiesta y que irá creciendo en los mismos sitios en 1994 hasta la fecha. Lo mismo podemos decir del despojo territorial que provocó que surgiera el movimiento guerrillero de Chihuahua en Madera y podemos decir que está ocurriendo ahora con la minera canadiense Minefinders en la propia región de Madera, pues están despojando o intentando despojar de sus tierras a los campesinos en Chihuahua. Principalmente el despojo de tierras ha sido un detonante de los movimientos armados en México, pero podemos agregar también comportamientos e injusticias notables y recurrentes contra comunidades. O es el despojo o es la represión y la agresión de Estado; despojo de tierras o despojo de cultivos o acaparamientos de productos.
AM.- Entonces en 1994 estalla el movimiento zapatista. Ahora parece haber perdido fuerza. ¿Tiene todavía vigencia?
CM.– Sí, por supuesto. No ha perdido fuerza, ha ganado fuerza. Lo que ha perdido es atención de los medios. Cuando los zapatistas hablaban no los queríamos oír, y cuando los zapatistas callan, tampoco los queremos oír, pero nos preguntamos por qué no siguen hablando. No siguen hablando primero porque no están locos para seguir hablando cuando nadie los oye, segundo no siguen hablando porque están actuando. La acción de ellos es la materializació n de los Acuerdos de San Andrés. Las Juntas de Buen Gobierno en los caracoles es la respuesta política del zapatismo a la negativa de Estado para reformular la constitución mexicana en materia de derechos de los pueblos indios. Acuerdos que fueron incumplidos por el Gobierno mexicano, pero que los zapatistas ya los impusieron en La Realidad, y eso es una realidad diaria, cotidiana y es el fortalecimiento de la estructura política de los zapatistas. Cuando la Comisión de Mediación en la que yo participo, estaba esperando la respuesta del Gobierno Federal para que se iniciara la mediación y cuando no iniciaba la Comisión todavía sus consultas, la atención mediática era inmensa, diaria. En el momento en que la Comisión de Mediación recabó una información suficiente como para que el Gobierno Federal tuviera que responder a esos planteamientos específicos, en ese momento, no solamente el Gobierno Federal se negó a responder, sino que desapareció todo el interés mediático por la Comisión de Mediación. Hay algún aire de familia en este silencio mediático.
AM.- ¿Tiene todavía razón de ser la lucha armada en el siglo XXI o es anacrónica?
CM.- Si se le pregunta a los afganos, a los palestinos, si se le pregunta a los iraquíes, si se le pregunta a cualquier punto conflictivo de Oriente medio o de Oriente extremo o de América, dirán que sí. Yo creo que no se trata de calificar los movimientos armados populares como actuales o arcaicos, sino entenderlos como lo que son, las respuestas posibles a presiones sociales recurrentes e injustas.
AM. - En su libro plantea que "en los planes estadounidenses de seguridad hemisférica y mundial se esté considerando cada vez con mayor claridad convertir a los ejércitos latinoamericanos en reservas domesticas". ¿No parece contradictorio con el hecho que América latina esté viviendo una nueva identidad caracterizada por unos gobiernos de izquierda o de centro izquierda?
CM.- No todos los gobiernos, hay gobiernos dóciles en México, en Centroamérica, incluso en Suramérica. No es lo mismo un Gobierno colombiano, con un Plan Colombia o un Gobierno peruano que el Gobierno actual boliviano o el Gobierno actual venezolano. Tenemos que matizar.
AM. - Con referencia a lo que decíamos antes de la militarizació n de la región hacia donde va México?
CM.- México va hacia la destrucción de sus propias fuerzas militares por el excesivo compromiso del ejército en tareas policíacas, en tareas de criminalidad organizada. Esto inicia un proceso de debilitamiento mayúsculo. En el momento en que el ejército mexicano esté totalmente debilitado como lo están ahora los cuerpos policiales, entonces el asunto de la seguridad será recibido por instancias militares hemisféricas y ya no domesticas. Por eso esa conformación de los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de complemento de apoyo regional a la política hemisférica de control, se hace cada vez más claro.
AM.- Cuando Hugo Chávez planteó al principio de este año el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes, Usted escribió en un editorial que hay que poner en la mesa nacional e internacional el "sesgado y utilitario concepto de terrorismo". ¿Qué quiere decir con eso?
CM.- Que el terrorismo no es un término objetivo, sino un término subjetivo, un término parcial. Terrorismo es un concepto que se aplica sobre todo a las luchas de resistencia social justificadas contra invasiones de países o de territorios o de ocupaciones militares de territorios. En este sentido el terrorismo no responde a un análisis o una descripción de realidad social y de realidad política. El terrorismo que maneja Estados Unidos si se analiza a través de las producciones de Hollywood, se convierte en el movimiento de personas enfermas que quieren controlar el mundo, en realidad las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de George Bush o estructuras como la Exxon Mobil, o las de Gargil, o las del mismo Hollywood, o la de Halliburton. Este control provoca resistencias. A los palestinos les quitaron su territorio, los han estado masacrando, los han estado reprimiendo, lo menos que se puede esperar de los palestinos es que se defiendan con armas, a los iraquíes los han estado matando y ocupando territorial y militarmente, lo menos que se puede esperar es que se defiendan. A todas estas resistencias sociales y mundiales los llaman terroristas, ¿por qué? Porque es una forma de descalificar los motivos sociales que tienen esos grupos para levantarse en armas.
AM. Finalmente las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. ¿Cómo evalúa el conflicto colombiano?
CM. - El conflicto colombiano es uno de los procesos más claros de cómo puede complicarse la vida social de un país cuando se introducen en procesos de crisis social estrategias de corrección, que a la larga van a producir un caos mayor y una polarización social mayor. Es impresionante el apoyo que tanto del gobierno como de las trasnacionales han recibido las fuerzas paramilitares. Pero es también notable el apoyo y la penetración que ha tenido el crimen organizado, el narcotráfico en la vida política, económica y social del país. Es también notable la pérdida territorial que el Estado colombiano tuvo durante décadas, ya sea para apartar y concentrar la violencia de paramilitares y guerrilleros o entre paramilitares y narcotraficantes. Pero también es notabilísima la docilidad del gobierno colombiano a las necesidades y ordenanzas militares de Estados Unidos. Aquí las FARC son una parte mínima del conflicto complejísimo colombiano. Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América Latina.
México D.F. 25 de agosto 2008
Fuente: Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC)
Página Web: http://www.celc.mx.gs
Página Web: http://www.celc.mx.gs
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